Esfuerzo fiscal versus (al servicio de) Productividad Total de los Factores
ECONOMÍA
Productividad, Subsidios y Captura del Estado: un paralelismo entre Brasil y Argentina
Las economías latinoamericanas comparten una paradoja persistente: a pesar de haber experimentado períodos de cierta estabilidad macroeconómica y apertura parcial (comercial y cambiaria), la Productividad Total de los Factores (PTF) continúa rezagada respecto de las economías desarrolladas y de varios emergentes asiáticos. Esta obstinación nociva del devenir de la historia económica de países emergentes (y aprovechemos para dejar en claro que se trata de una categoría permanente, no transitoria), parece no tener fin.
En Brasil, el paper de Fernando Veloso (2021) —“Productivity and Growth in Brazil”, World Bank— ofrece una abordaje contundente: el estancamiento de la productividad responde a una mala asignación de recursos (misallocation) incentivada por políticas públicas que, bajo el pretexto (o, en el mejor de los casos, la pretensión) de desarrollo, premian la ineficiencia y la dependencia eterna.
El caso argentino, sin embargo, presenta un agravante aún más complejo: el Estado no sólo subsidia empresas de baja productividad, sino también a corporaciones altamente rentables, maduras, competitivas y dominantes, generando una estructura de incentivos aún más regresiva y concentradora. Este artículo propone una reflexión comparada sobre ambos modelos, infiriendo raíces comunes y tipificando algunas distorsiones particulares que impiden u obstaculizan el salto hacia un crecimiento genuinamente productivo.
El diagnóstico brasileño según Veloso: el peso de la mala asignación
Veloso sostiene que el estancamiento brasileño tiene causas estructurales que trascienden el ciclo macroeconómico. Aunque el país implementó reformas relevantes desde los años noventa —liberalización comercial, modernización del sistema financiero y reformas laborales parciales—, la Productividad Total de los Factores permaneció prácticamente estancada. Centralmente, la tesis sostiene que una de sus causas profunda es una asignación ineficiente de capital y trabajo entre empresas y sectores, producto de un entorno de negocios que desincentiva la competencia y perpetúa a las empresas menos eficientes. Las políticas de subsidios sectoriales, los créditos preferenciales del BNDES y las exenciones fiscales selectivas contribuyeron a distorsionar los precios relativos y la estructura de incentivos, premiando la ineficiencia de un gran número de agentes de la economía, en detrimento de muchos mejor parados en términos comparativos de competitividad. En consecuencia, el “modelo de desarrollo” brasileño —con rasgos aún visibles del viejo y remanido paradigma de sustitución de importaciones— consolidó un verdadero capitalismo de favores: proteccionismo selectivo con gran poder distorsivo, baja competencia interna (sin mencionar los graves problemas estructurales que acucian irreverente y sostenidamente a la economía de consumo), y escasa reasignación de factores hacia los sectores dinámicos con mayor eficiencia en términos de productividad.
El caso argentino: cuando el subsidio alcanza también a los eficientes
Como si no bastara con los problemas que exponte el caso brasileño, en Argentina reproducimos gran parte de esos rasgos señalados por Veloso, pero con un elemento adicional de complejidad institucional: mientras Brasil subsidia la ineficiencia, Argentina subsidia tanto la ineficiencia como la eficiencia concentrada, generando lo que podríamos denominar una asimetría regresiva del gasto fiscal productivo. El régimen de la Ley de Economía del Conocimiento, por citar ejemplo ampliamente ilustrativo, otorgó cuantiosos beneficios fiscales a empresas tecnológicas de gran escala —como Mercado Libre, Accenture o Globant—, cuyos balances exhiben rentabilidades superiores al promedio del mercado, sin dejar pasar que estas empresas gozan de un elevado grado de eficiencia operativa, un gigantesco volumen económico y financiero, y grandes buffers políticos. En 2023, los beneficios tributarios destinados solo a MercadoLibre representaron casi 1.5 veces el presupuesto anual del Hospital Garrahan, ícono de la salud pública latinoamericana. Desde el punto de vista de la economía política, este patrón refleja una captura del Estado por parte de los sectores más competitivos, que logran institucionalizar sus privilegios mediante estructuras de lobby y normativas a medida. Así, el gasto público resta aún más progresividad y eficiencia: no solo deja de cumplir una función correctiva en torno a fallas de mercado, sino que además se transforma en un sistema de transferencias ascendentes.
El siguiente Cuadro Comparativo permite observar, en ambos casos, cómo la competencia se sustituye por la influencia, y la política industrial se convierte en una herramienta de distribución de beneficios deliberados vía "gasto fiscal", no de generación de valor y de resolución de problemas relacionados con la matriz socio-productiva.
Por NICOLÁS AMÁBILI
El dilema del subsidio en economías capturadas
El objetivo original de los subsidios productivos es compensar fallas de mercado —asimetrías de información, externalidades tecnológicas o barreras al financiamiento, sustentabilidad de modelos de negocio competitivos ante shocks externos e internos—. No obstante, cuando los incentivos se concentran en los extremos de la distribución (como se observa en el gráfico de Veloso), el retorno social marginal del gasto público se vuelve decreciente, creando un agravante incalculablemente potente a la hora de pensar soluciones para una economía donde dichos agravantes, ya no son un elemento externo, separable, sino que se han subsumido en el propio paisaje socioproductivo.
En términos técnicos, Argentina enfrenta un fenómeno de misallocation institucional: el Estado asigna capital fiscal no en función de la productividad marginal social de cada peso gastado, sino de la capacidad política de captura de los beneficiarios. El resultado es una doble ineficiencia, que además, lleva consigo la facultad de autoregenerarse en el tiempo y el espacio:
Eficiencia productiva baja, por la falta de reasignación de recursos hacia sectores innovadores emergentes operativamente y competitivamente eficientes.
Eficiencia distributiva negativa, porque el gasto público (y también en el decil superior en forma de gasto fiscal), terminan siendo regresivos en términos de equidad social, y peor aún, condicionan el posible efecto de metodologías mainstream para abordar esta problemática en países con mapas socioproductivos menos expuestas a estos sesgos.
Una agenda para el desarrollo con productividad inclusiva
En la coyuntura argentina actual y en vísperas de las elecciones nacionales de medio término de 2025, el término “reformas estructurales” ha vuelto a ocupar el centro del debate político y económico. Estas palabras normalmente se invocan para justificar cambios de gran alcance en los sistemas fiscal, previsional, laboral y agrario, bajo la premisa de que la rigidez normativa y el gasto público excesivo obstaculizan la competitividad y el crecimiento. Sin embargo, reducir el problema de la productividad a una mera cuestión de ajuste o desregulación sería un reduccionismo peligroso, que más de una vez le ha cobrado su precio a la sociedad argentina.
Las reformas estructurales que Argentina necesita no deben orientarse a la mera reducción del peso del Estado en la economía, sino a reconfigurar y reorientar su eficiencia funcional: reasignar los recursos públicos hacia actividades económicas con mayor productividad marginal social y encarar un plan para eliminar gradualmente las transferencias improductivas, tanto hacia sectores ineficientes como hacia corporaciones que ya dominan ampliamente sus mercados.
En este sentido, el desafío es pasar de una agenda de austeridad fiscal a una agenda de racionalidad fiscal productiva, que vincule cada centavo del gasto público (incluyendo en esta categoría también al gasto fiscal) con objetivos medibles de desarrollo de mercados internos, innovación y tecnología de la mano de la educación pública superior gratuita como factor de movilidad social ascendente indiscutible, eficiencia estructural para mercados de exportación, y formalización eficiente del empleo.
Una reforma estructural moderna debería incluir, al menos, cinco ejes estratégicos interdependientes:
1 - Reforma Fiscal pro-productividad:
Sustituir los beneficios tributarios automáticos por incentivos condicionados a resultados verificables (por ejemplo, incrementos en I+D, generación de empleo formal o transferencia tecnológica hacia PyMEs proclives a la eficiencia productiva). Además, rediseñar el régimen de promoción para asegurar progresividad, los incentivos deben disminuir a medida que crece la rentabilidad y el market share del beneficiario.
2 - Reforma Previsional sostenible e inclusiva:
No se trata sólo de reducir el gasto, sino de integrar la enorme masa de informalidad y ampliar la base contributiva, reconociendo que la informalidad laboral (entre otros) es uno de los principales factores que deprimen la productividad agregada. El fortalecimiento de los incentivos a la formalización —vía crédito, capacitación y simplificación impositiva— puede tener un impacto estructural mayor que cualquier recorte paramétrico.
3 - Reforma Laboral:
En lugar de centrar el debate en la “flexibilización”, el enfoque debe ser el de modernización institucional: digitalización de contratos, portabilidad de beneficios, fortalecimiento y agilidad en la asignación y retiro de seguros de desempleo y reducción de litigiosidad mediante mecanismos de mediación más rápidos y flexibles. Se busca un mercado laboral que combine movilidad y protección, reduciendo los costos de rotación SIN precarizar.
4 - Reforma del Complejo Agrario:
El agro argentino es altamente productivo, pero su marco fiscal y regulatorio desalienta en algunos casos la inversión de largo plazo y la industrialización. Una reforma estructural real implicaría conectar la producción primaria con cadenas de valor industriales y tecnológicas, articulando incentivos a la biotecnología, la industria metalmecánica pesada orientada tanto a mercados internos como transnacionales, y la transición energética en zonas rurales. A su vez, es necesario reorientar la legislación laboral del sector agroproductivo (estatuto del peón de campo, por ejemplo), con la finalidad de agilizar y reducir costos estructurales, obstaculizando y penalizando la elevada precarización que actualmente sufre el sector. El agro debería pasar de ser la “caja fiscal” a uno de los motores de innovación sistémica de nuestro país.
5 - Reforma institucional y de competencia:
Sin una reestructuración del aparato regulador, cualquier reforma económica carecerá de efectividad. Se necesita una institucionalidad que garantice neutralidad competitiva: que los subsidios, regulaciones y contratos públicos se asignen según el mérito tecno-productivo, y no según cercanía política.
Repensar la frase “reformas estructurales”
En definitiva, Argentina no requiere “reformas estructurales” entendidas como el desmonte del Estado a motosierrazos, sino como un verdadero proceso de reingeniería institucional y resignificación del rol del Estado en el marco del paradigma 5.0, que a todas luces es la revolución industrial más grande de la historia humana. El país necesita pasar de la política de la asignatividad discrecional a una política del impacto comprobable, donde cada incentivo económico pueda evaluarse en términos de su aporte a la productividad, la formalidad y la responsabilidad intergeneracional.
La discusión sobre reformas estructurales debería, por lo tanto, recuperar su sentido original: transformar las estructuras improductivas —no necesariamente achicarlas, mucho menos eliminarlas— para que el crecimiento sea sostenible, competitivo y socialmente legítimo.
En ese enfoque se encuentra el verdadero paralelismo con la tesis de Veloso: tanto Brasil como Argentina deben salir del ciclo de la intervención ineficiente, sin caer en el espejismo del desmantelamiento. Intervenir mejor, no menos.
