Esfuerzo fiscal versus (al servicio de) Productividad Total de los Factores
ECONOMÍA
< Blog
Productividad, Subsidios y Captura del Estado: un paralelismo entre Brasil y Argentina
Las economías latinoamericanas enfrentan una paradoja persistente: a pesar de haber atravesado fases de estabilización macroeconómica y apertura parcial, la Productividad Total de los Factores (PTF) continúa estancada, lejos de las economías desarrolladas y rezagada frente a varios emergentes asiáticos. Esta obstinación estructural del atraso exige repensar no solo las políticas de compensación microeconómica, sino, fundamentalmente, los sesgos institucionales que las sostienen.
En su paper Productivity and Growth in Brazil (2021), Fernando Veloso plantea lo que constituye una hipótesis realmente potente: en Brasil, el estancamiento productivo no se debe únicamente a choques externos o déficits macroeconómicos, sino a una asignación de recursos distorsionada (misallocation). Esta es impulsada por políticas públicas que, bajo el disfraz de un supuesto desarrollismo, premian la ineficiencia y obstaculizan la competencia. Forzando un paralelismo con la tesis de Veloso, este mismo lastre explica en gran medida la ineficiencia que aqueja a buena parte del entramado microeconómico argentino.
Como si este diagnóstico no bastara para ensombrecer la perspectiva de un futuro integrado y pujante, Argentina suma un agravante institucional: el Estado no solo subsidia a empresas de baja productividad —al igual que en Brasil—, sino también a corporaciones altamente rentables, dominantes y maduras, generando así una estructura de incentivos extremadamente regresiva y concentradora. Un ejemplo elocuente es la Ley de Economía del Conocimiento, de cuyos beneficios fiscales gozan firmas como Mercado Libre, Accenture o Globant; empresas cuyos ratios de rendimiento superan con creces la relación rentabilidad-riesgo media de la economía, y que ya cuentan con alta eficiencia operativa y una enorme capacidad de influencia política. Para dimensionarlo: en 2023, los beneficios tributarios destinados solo a Mercado Libre representaron casi 1.5 veces el presupuesto anual del Hospital Garrahan, ícono de la salud pública pediátrica. Tal desproporción no solo revela una profunda inequidad distributiva, sino que también evidencia un caso claro de Captura del Estado por parte de sectores que moldean las reglas a su favor.
El problema, entonces, no reside en la existencia de subsidios —evitemos el reduccionismo vulgar que abunda en medios y redes sociales—, sino en que el criterio de asignación fiscal ha perdido todo vínculo con la productividad marginal social del gasto. La institucionalidad importa, y mucho: determina de manera discrecional quiénes reciben beneficios, sin medir el aporte real de ese agente al desarrollo económico (innovación, empleo formal, externalidades positivas), sino atendiendo a su capacidad de lobby, su dominio de mercado o su peso en el "candidatómetro" de cada campaña electoral. En suma, Argentina enfrenta una misallocation institucional agravada: los recursos públicos se asignan no según el mérito productivo, sino según el poder de influencia.
En la coyuntura electoral midterm de Argentina 2025, el discurso de las reformas estructurales resurge con fuerza para justificar a cualquier precio cambios drásticos en materia fiscal, previsional y laboral. Se insiste en que el Estado es el principal obstáculo, que la rigidez normativa y los costos laborales impiden crecer, y que "los dueños de nada" alteran la contabilidad libre de "los dueños de todo". Sin embargo, si estas reformas se limitan a disminuir el tamaño del Estado sin reorientar su propósito y sus métodos —sin imponer criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad transgeneracional— corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de cambios superficiales que consolidan el lamentable lugar común de la destrucción creativa ultracortoplacista.
Podríamos proponer, por lo tanto, una redefinición conceptual: las reformas estructurales no deben ser sinónimo de ajuste fiscal a secas o desregulación indiscriminada, sino un proceso de reingeniería institucional orientado a la eficiencia sistémica y la productividad social agregada, encuadrado en un amplio pacto político que por lo menos se extienda por dos períodos presidenciales.
El desafío central no es "achicar" al Estado, sino reconfigurar su arquitectura funcional para que optimice la asignación de recursos e induzca un crecimiento sostenible. En este marco, los incentivos fiscales y el gasto público deben evolucionar desde una lógica de transferencia sectorial hacia una de inversión estratégica, priorizando proyectos con alta elasticidad tecnológica, capacidad de generar empleo formal y potencial de integración en cadenas de valor complejas.
Las verdaderas reformas estructurales, por lo tanto, son un aggiornamento institucional democrático. La intervención estatal debe reorientarse hacia la creación de entornos competitivos y previsibles, fortaleciendo la coherencia del aparato público con objetivos de desarrollo a largo plazo ampliamente consensuados.
Algunos ejes posibles para esa agenda:
Reforma fiscal pro-productividad: Condicionar beneficios a resultados verificables (I+D, formalización, empleos de calidad).
Reforma previsional inclusiva: Integrar gradualmente la elevada tasa de informalidad y ampliar la base contributiva sin deteriorar la calidad de las relaciones laborales.
Reforma laboral moderna: Combinar agilidad y movilidad con protección social efectiva.
Reforma agraria-productiva: Transformar al agro de una "caja fiscal" a un motor de innovación sistémica.
Reforma institucional de la competencia: Asegurar que los mecanismos regulatorios, subsidios y contratos públicos amplíen el potencial tecno-productivo del país.
En definitiva, Argentina necesita reformas con rostro humano y sentido social; un equilibrio entre libertad, productividad, sostenibilidad y responsabilidad transgeneracional. Necesitamos un Estado que intervenga mejor, no menos. Necesitamos un crecimiento que sea orgánico y equitativo, no desequilibrado y concentrado.
< Blog
